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CONSECUENCIAS POR QUEMAS MEDIOAMBIENTALES

De: Revista Poder Y Finanzas

Publicado en septiembre 16, 2019 a las 1:48 am

Según la Constitución Política del Estado (CPE) artículo 342, el principal  “…deber del Estado y la población conservar, proteger… los recursos naturales, la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente”, esto debido a que junto a “la riqueza natural, arqueológica, paleontológica, histórica, documental, y la procedente del culto religioso y del folklore, es patrimonio cultural del pueblo boliviano…” (Art. 99, III), como señala la ley “El medio ambiente y los recursos naturales constituyen patrimonio de la Nación…” (Ley Nº 1333, Art. 3) y “El Estado debe garantizar la conservación de los bosques naturales… conservación y recuperación de flora y fauna y áreas degradadas” (CPE Art. 387, I), concordada con la ley “El Estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y restauración de la fauna y flora silvestre, tanto acuática como terrestre, consideradas patrimonio del Estado, en particular de las especies endémicas, de distribución restringida, amenazadas y en peligro de extinción”  (Ley Nº 1333, Art. 52), así como el “Patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal…” (CPE Art. 381, I), especialmente “La cuenca amazónica boliviana constituye un espacio estratégico de especial protección para el desarrollo integral del país por su elevada sensibilidad ambiental, biodiversidad existente, recursos hídricos y por las ecoregiones” (CPE Art. 390, I), además preocuparse por espacios como “las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país…” (CPE Art. 385, I), “Las áreas protegidas son patrimonio del Estado y de interés público y social…” (Ley Nº 1333, Art. 61).

En la CPE también se establece que “se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país” (Art. 398) habiendo establecido por consulta popular el límite de extensión de tierras en 5.000 Has.

La Ley Nº 741 (2015) autoriza el desmonte de hasta veinte hectáreas (20 ha); la Ley Nº 1098 (2018) de Etanol y de Aditivos de Origen Vegetal, que establece condiciones preferentes para la compra de etanol para los combustibles de venta interna.

Este 2019 el Decreto Supremo Nº 3973 complementó la normativa para permitir el desmonte y la “quema controlada” en vías de la expansión de la frontera agrícola en el país.

Según  la CPE artículo 345 Inciso 3)  “Responsabilidad por ejecución de toda actividad que produzca daños medioambientales y su sanción civil, penal y administrativa” ,  considerando  que  en el caso de causas ambientales existe una Imprescriptibilidad: “Se declara la responsabilidad por daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales” (CPE art. 347, I), debiendo ser tarea del Ministerio Publico actuar de oficio ante la gravedad de los daños ocasionados y afectaciones no solo medioambientales (ecocidas),  biocidas, sociales y de destrucción, sino también por daños a la salud y futuras consecuencias que genere por la repercusión medioambiental.

Amparados en la misma CPE que señala la Acción legal: “Cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad, está facultada para ejercitar la acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente…” (Art. 34), además señala la ley “Toda persona natural o colectiva tiene derecho a participar en la gestión ambiental, en los términos de esta ley, y el deber de intervenir activamente en la comunidad para la defensa y/o conservación del medio ambiente y en caso necesario hacer uso de los derechos que la presente Ley le confiere.” (Ley Nº 1333, Art. 92).

El Estado promoverá y fomentará la investigación referente a los efectos de los desastres naturales sobre la salud, el medio ambiente y la economía nacional” (Ley Nº 1333, Art. 22).

Según el artículo 20  Ley Nº 1333; ´´Se consideran actividades y/o factores susceptibles de degradar el medio ambiente; cuando excedan los límites permisibles a establecerse en reglamentación expresa, los que a continuación se enumeran:

c) Los que alteran el patrimonio cultural, el paisaje y los bienes colectivos o individuales, protegidos por Ley.

d) Los que alteran el patrimonio natural constituido por la diversidad biológica, genética y ecológica, sus interpelaciones y procesos.

e) Las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el deterioro ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud de la población.

Cuando el funcionario o servidor público sea autor, encubridor o cómplice de contravenciones o faltas tipificadas por la presente Ley y disposiciones afines, sufrirá el doble de la pena fijada para la correspondiente conducta” (Ley Nº 1333, Art. 115) y toda esta situación que configura y subsume en el delito de: Incendio.

Autoriza el desmonte de 20 hectáreas  la Ley Nº 741y el Decreto Supremo Nº 3973 que autoriza el desmonte en los departamentos de Beni y Santa Cruz.

Según la Ley  Nº 1171 Ley de Uso y Manejo racional de Quemas de 24 de abril de 2019, establece en sus  artículos:

Art. 3 MANEJO INTEGRAL DEL FUEGO

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, como responsable del sector, está a cargo de la elaboración de la política de manejo integral del fuego, debiendo tomar en cuenta las siguientes líneas de acción:

  1. Promover el buen uso y manejo integral de fuego a través de la quema planificada y controlada.
  2. Rehabilitación de ecosistemas afectados por incendios forestales.
  3. Prevención y atención de incendios forestales.
  4. Sustitución gradual del uso del fuego.
  5. Monitoreo y seguimiento.
  6. Promover la participación, el control social y la corresponsabilidad de los actores individuales y colectivos en la regulación del fuego.

Art. 4 PRIORIZACIÓN

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra — ABT, es la entidad encargada de autorizar y fiscalizar las quemas. Con la finalidad de realizar un efectivo control y seguimiento de las quemas sin autorización, esta entidad podrá priorizar áreas de intervención para mejorar la gestión del manejo integral, planificado y controlado del uso del fuego, considerando su recurrencia y las características de cada región.

Art. 5 INCENTIVOS

I. La autorización para quemas tendrá una vigencia de hasta tres (3) años en predios con actividad agrícola, y de hasta cinco (5) años en predios con actividad ganadera.

 II. El cumplimiento de la normativa para la obtención de la autorización de quema, será considerado como criterio de elegibilidad para acceder a programas y proyectos de desarrollo productivo (riego, semillas, mecanización, etc.), en coordinación con la instancia correspondiente, de acuerdo a reglamentación.

Art. 7 RÉGIMEN DE SANCIONES POR QUEMAS SIN AUTORIZACIÓN

I. A partir de la vigencia de la presente Ley, las quemas realizadas sin autorización darán lugar a la imposición por parte de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra — ABT, de una sanción considerando la suma de dos (2) variables, multa fija por tipo de propiedad y multa por hectárea efectivamente quemada, de acuerdo al siguiente cuadro:

  TIPO DE
PROPIEDAD
Monto UFV por hectárea
quemada
Monto en UFV por
tipo de propiedad
Propiedades colectiva
(comunidades indígena originario campesinas)
1 100
Pequeña propiedad agrícola 1 20
Pequeña propiedad ganadera 3 50
Mediana propiedad agrícola 3 50
Mediana propiedad ganadera 3 60
Propiedad empresarial agrícola 6 100
Propiedad empresarial ganadera 6 100

En caso de reincidencia, la sanción se incrementará en un cincuenta por ciento (50%) del monto total calculado de la multa impuesta.

II. Iniciado el proceso administrativo por quema, no se aplicarán multas al titular del predio cuando se haya excluido su responsabilidad sobre el origen del fuego o se identifique al tercero responsable, conforme al procedimiento a ser aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra — ABT.

III. En el caso de producirse quemas por parte de terceros, los titulares del predio deberán denunciar el hecho dentro los primeros cinco (5) días de provocado el fuego, ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra — ABT o cualquier autoridad con la que tenga firmado un convenio de cooperación interinstitucional de acuerdo a lo establecido en el Artículo 8 de la presente Ley, conforme al procedimiento a ser aprobado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra —ABT.

Art. 8 RÉGIMEN DE SANCIONES POR INCENDIOS

I. En el caso de producirse incendios a causa de quemas no controladas o negligencia y acciones accidentales de uso de fuego, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra — ABT establecerá una sanción administrativa de carácter pecuniario de acuerdo a reglamentación con base en los siguientes criterios:

a) Daño causado.

b) Superficie y ecosistema afectado.

c) Calificación y clasificación de la propiedad.

d) Condición del infractor.

II. Cuando el incendio sea ocasionado en Áreas Protegidas o áreas sujetas a un régimen especial, sin perjuicio de las acciones legales que correspondan, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas — SERNAP, a través de la Dirección del Área Protegida respectiva o la ABT según corresponda, establecerá una sanción administrativa de carácter pecuniario con base en los siguientes criterios:

a) Daño causado.

b) Objetivos de creación y protección del área.

c) Superficie y ecosistema afectado.

d) Calificación y clasificación de la propiedad.

Art. 9 DESTINO DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS

Los recursos provenientes de la recaudación de multas emergentes de la aplicación de la presente Ley, serán depositados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra — ABT, en el Tesoro General de la Nación — TGN.

Así mismo en lo referente a la protección de Animales, la Ley 700 para la Defensa de los Animales Contra Actos de Crueldad y Maltrato prevé sanciones para las personas que maltraten o provoquen la muerte de un animal, enmarcadas en el Código Penal Art. 350,  por este delito:

  1. Se sancionará con privación de libertad de dos (2) años a cinco (5) años y multa de treinta (30) a ciento ochenta (180) días, a quien matare con ensañamiento o con motivos fútiles a un animal.
  2. La sanción será agravada en un tercio de la pena máxima, si se matare a más de un animal.”

Debemos manifestar que en Bolivia no existe una Ley de Protección de Insectos y Aves, por consiguiente tampoco están tipificados , a nuestro criterio consideramos que por las quemas ocurridas en la Chiquitania y Amazonia, se han perdido especies únicas que juntamente las aves cumplen un rol importante para el medio ambiente.

Áreas protegidas quemadas

Las más afectadas son el Área Natural de Manejo Integrado San Matías que ha perdido 227.402 hectáreas, el Parque Nacional Otuquis más de 192.824, el Áreas de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu 220.615 y la Reserva Municipal de Vida Silvestre Valle de Tucavaca 28.002. Lo más grave es que el riesgo sigue latente.

Según reportes oficiales, en las áreas protegidas existen más 554 especies de animales entre aves, mamíferos, reptiles, anfibios y peces, y más de 55 plantas endémicas de ese ecosistema. Estas especies son víctimas ahora mismo de la contaminación del aire, agua y suelos producto del incendio. Según un pronunciamiento del Colegio de Biólogos de La Paz y otras 80 entidades técnico académicas se necesitarán años de trabajo para “recuperar una parte del bosque que se quemó”.

Si cuantificamos las sanciones por las quemas ocurridas, la tipificación alcanzaría a todos los tipos de propiedad y sumadas las  Áreas Protegidas o Áreas sujetas a un régimen especial según corresponda, en las que la ABT establecerá una sanción administrativa de carácter pecuniario y la cantidad de animales en peligro de extinción, hatos ganaderos, animales domésticos y las muertes ocasionadas por tratar de mitigar estos incendios, sin embargo no existe sanción por el daño medio ambiental que ha ocasionado y la contribución al calentamiento global, así que preparémonos para sufrir las consecuencias de las quemas.     

Fuentes: El Deber digital, Mongabay Latam, Tinta Roja